Factores económicos y normativos que afectan el servicio de transporte terrestre de personas en el Perú

Abstract

En el ámbito nacional existen deficiencias en relación a la prestación del servicio de transporte terrestre de personas, ello se debe a diversos factores (económicos y normativos) que afectan el mercado. Dentro de los factores económicos, se puede advertir la existencia de fallas de mercado como principal factor que impide alcanzar situaciones de competencia perfecta; mientras que, dentro de los factores normativos, se advierte que no existe una regulación económica del servicio a nivel de norma especial. En el Perú no existe un Sistema Integrado de Transporte Terrestre de Personas que integre tarifas, estructura y operación, generando con ello externalidades negativas que no aseguran al usuario un servicio eficiente que le permita desplazarse por el ámbito nacional con estándares de calidad, continuidad y seguridad. Por otro lado, se advierte que en la legislación peruana existen normas especiales que regulan diversos mercados, tales como: agua y alcantarillado, luz y gas natural, infraestructura para el transporte de uso público y telecomunicaciones, situación que no se da en el ámbito del servicio de transporte terrestre de personas, pues existe una escasa intervención estatal y falta de regulación del mercado que permitan garantizar un cumplimiento efectivo de las condiciones de acceso del servicio, pues, en la Ley N° 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC – Reglamento Nacional de Administración de Transporte, solo se establecen lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios que promueven el acceso libre de los agentes al mercado del servicio de transporte terrestre de personas. Por ende, el propósito de la presente investigación se basa en el análisis de los factores antes mencionados con la finalidad de implementar una mejor regulación sectorial, tomando en cuenta el desempeño de los agentes en el actual modelo económico, evaluando así la posibilidad de intervención estatal dentro del mercado, a fin de mejorar la prestación del servicio y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los usuarios.