Responsabilidad jurídica ante la vulneración al derecho a la vida en un contexto de protestas sociales, Perú (2022-2023)

Abstract

La presente investigación se efectuó con el objetivo de determinar o materializar la responsabilidad jurídica del Estado frente a la vulneración al derecho a la vida en un contexto de protestas sociales en el sur del Perú, en diciembre de 2022 y enero de 2023. De modo que esta investigación contiene una justificación de mucha relevancia, en cuanto al tema teórico, práctico y jurídico. En ella también se empleó un estudio metodológico de enfoque cualitativo, de tipo básico y de alcance descriptivo, arribando a los resultados tanto las conclusiones como las recomendaciones. Sin embargo, no presenta la hipótesis, puesto que la teoría menciona que en este método de investigación no aplica. En ese entender, con respecto del marco teórico, se realizó una búsqueda de fuentes bibliográficas referente a los hechos de la violación del derecho a la vida, así como las revistas conexas a la responsabilidad jurídica por el Presidente de la República del Perú. Se consultaron revistas jurídicas nacionales y supranacionales, revistas relacionadas con el uso innecesario y excesivo de las fuerzas policiales, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revistas que aclaran los hechos concretos de la vulneración del derecho a la vida en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Puno (Juliaca). Por un lado, se realizó una investigación con un contenido jurídico, en la que se determinó el marco normativo del ámbito nacional, por ejemplo, la Constitución del 93, la Ley del Reglamento de Congreso. En el ámbito internacional se tienen normas supranacionales como, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la CIDH y la Corte IDH, las jurisprudencias internacionales entre otros. A fin de que este estudio aporte el conocimiento no solo a la comunidad académica sino a la comunidad jurídica nacional tanto internacional. Las protestas sociales tienen un origen histórico, estructural, económico y social. A esto se suma la crisis política y la ingobernabilidad del país, como la vacancia del expresidente Pedro Castillo Terrones, entre otros. Todo esto ha llevado a un enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú y los pobladores en el sur del Perú, dejando varios muertos por armas de fuego. Entre los fallecidos estaban los huelguistas, transeúntes, médicos que ayudaban a los heridos y niños. La cantidad de fallecidos, según los investigadores, por ejemplo, Rosado (2023) 49 muertes; Calcina y Ccapa (2023) 62 muertes; la CIDH (2023) 57 muertes; Carrasco (2023) 66 muertes; San Miguel (2023) 68 muertes; estas fuentes bibliográficas proporcionan informaciones sobre la cantidad de muertes de personas en el contexto de protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en la región del sur del Perú. Los hechos anómalos ocurridos en el Perú, conforme a las encuestas y la recolección de la información de fuentes bibliográficas, las cuales llegaron a un resultado en el que manifiestan la vulneración al derecho a la vida por las fuerzas del orden. Ya que estos no desempeñan de forma adecuada sus funciones y se afirma que hubo el uso indebido del armamento por las fuerzas de seguridad, saltándose las normas vigentes que estipulan para emplear la fuerza. Toda vez que existe una ley internacional de uso de armas para quienes están facultadas de sujetar el orden interno. En efecto, se desarrolló un estudio metodológico de enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y de tipo de investigación básica. En este método de investigación se enfocó en la recolección de información, sin la medición o intervención numérica, sobre la responsabilidad jurídica del Estado por la violación al derecho a la vida. La población y la muestra son finitas, y se empleó un criterio de investigación de tipo censal. Por otro lado, no fue necesario probar la hipótesis, porque así lo determina la teoría. En conclusión, se afirma la vulneración al derecho a la vida y la responsabilidad jurídica del Estado por la infracción constitucional en el ejercicio de sus funciones. Por consiguiente, en el apartado de recomendaciones se afirma que el Estado debería responsabilizarse de los graves hechos acontecidos y ser sancionado e indemnizado conforme a la sentencia de la Corte IDH.